En las últimas horas, una información periodística generó un fuerte revuelo alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia. La versión señalaba que la Justicia de Estados Unidos había llevado adelante un procedimiento sobre integrantes de la delegación argentina luego de la final del Mundial 2026.

La noticia tuvo una amplia repercusión y rápidamente provocó la respuesta oficial de la casa madre del fútbol argentino.

Qué decía la información difundida

De acuerdo con la publicación de Infobae, agentes del FBI habrían realizado un operativo en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, instantes antes del regreso de la delegación argentina a Buenos Aires.

Según esa versión, el procedimiento habría provocado una demora superior a las dos horas en la salida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, ya que los agentes solicitaron dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la comitiva.

Además de Claudio "Chiqui" Tapia, la publicación mencionaba a otros dirigentes de la AFA, entre ellos Luciano Nakis, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui.

La investigación que mencionaba el informe

Siempre según la información publicada por Infobae, el expediente tendría como objetivo analizar distintos aspectos vinculados con la estructura financiera y determinados contratos comerciales de la AFA en territorio estadounidense.

En ese contexto, el medio también sostenía que Claudio Tapia debía presentarse a declarar el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

El comunicado oficial de la AFA

Horas después de la difusión de esa información, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial para desmentir categóricamente esas versiones.

"Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración:"

"El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino."

"La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación."

"En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico."

"El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad."

"La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones."

"La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable."

"La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades."

La postura de la AFA frente a la información

Con este comunicado, la AFA negó que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados por la Justicia estadounidense o que se les hayan secuestrado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.

De esta manera, la entidad rechazó la información difundida y anticipó que evaluará iniciar acciones legales contra quienes publiquen datos que, según sostiene, no se ajustan a la realidad.